El pasado 10 de diciembre de 2023, Javier Milei asumió como presidente de Argentina, surgiendo de una plataforma política populista, descrita por los medios como “libertaria de derecha”, basada en la promesa de reducir la inflación, mejorar la economía, limitar la participación estatal a niveles mínimos y, como tema principal de la presente lectura, reducir las obligaciones fiscales de los ciudadanos.
Si bien es cierto que Milei llegó a la presidencia con una minoría en el Congreso, ya que su partido “La Libertad Avanza” cuenta con menos del 15 % de los escaños, el presidente argentino ha logrado avanzar sus reformas de austeridad mediante decretos ejecutivos, vetos, negociación con gobernadores por el presupuesto federal en juego y una falta de oposición política fuerte en el país. Según encuestas, se espera que su partido obtenga una mayoría en el Congreso en estas próximas elecciones legislativas, dejando todavía más fácil el camino para poder implementar sus planes para su proyecto de nación.
Del otro lado de la moneda, tenemos a México, en donde el 1 de octubre de 2024 Claudia Sheinbaum asumió como presidente, retomando el proyecto iniciado por su antecesor Andrés Manuel López Obrador, denominado “La Cuarta Transformación”, y llegando con una supermayoría de coalición en el Congreso, permitiéndole realizar las reformas y modificaciones legales a su antojo con una casi nula oposición política.
La plataforma política de Sheinbaum se basa en una ideología de izquierda, en donde se prioriza la justicia social, el aumento de la participación estatal en el sector económico y una expansión de programas sociales, lo cual, a su vez, conlleva un aumento del gasto público para seguir manteniendo los proyectos y apoyos económicos.
El objetivo de este trabajo será comparar cómo estos dos gobiernos ideológicamente opuestos han venido cambiando la estrategia tributaria y los resultados visibles en el relativamente poco tiempo que llevan.
Empecemos con el tema más preocupante respecto a las finanzas públicas en México, el cual es que el gobierno está incurriendo en un gasto insostenible por la base poblacional económicamente activa. Según el propio SAT, solo el 40 % de la población económicamente activa paga impuestos y, de esos, menos del 5 % paga Impuesto sobre la Renta al estar exentos por sus bajos ingresos. Es decir, 4 de cada 10 habitantes están a duras penas sosteniendo las arcas públicas a flote, y esto no durará; tan es así que el exsecretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y su equipo filtraron la propuesta de irse contra las ganancias de las instituciones bancarias en México, con ganancias anuales de casi 300 mil millones de pesos, para fortalecer las finanzas públicas.
Pero la presidente no está loca; sabe que apretar a la de por sí presionada clase empresarial causaría una fuga de capital y desempleo, por lo que su enfoque ha sido dirigido a mejorar la estrategia de recaudación del país sin incurrir en un aumento de impuestos. Esta estrategia parece estar rindiendo frutos, ya que, a comparación de 2023, hubo un aumento del 5 % de ingresos tributarios. La presidente declaró: “Esto es parte de la esencia de la Cuarta Transformación. Sin aumentar impuestos, sencillamente combatiendo la corrupción y los privilegios se incrementan los ingresos, y el próximo año la meta es similar, es decir, un porcentaje similar de ingresos sin aumentar impuestos”.
Sin embargo, es la opinión del autor que, si dichos ingresos no se acompañan de recortes en el gasto público, estos aumentos no serán suficientes para estabilizar las finanzas del Estado. En la misma declaración, se señala que los ingresos no tributarios se redujeron un 22 % por la estrategia de reducirle la carga fiscal a la eterna empresa perdedora, PEMEX.
El gran contraste de esos dos porcentajes demuestra que, conforme avanzan las necesidades económicas del país, el gobierno empieza a depender menos de los ingresos petroleros y más de los contribuyentes; sus ingresos reales van en déficit conforme le sigan aligerando la carga fiscal a PEMEX. Esto, combinado con un déficit estimado del 3.2 % del Producto Interno Bruto, conllevará una estrategia de recaudación todavía más agresiva en donde no aumentan ni crean nuevos impuestos, sino que buscarán cualquier excusa para extraer dinero.
Lo anterior se complica todavía más con los tan controversiales “apoyos sociales” que han sido elevados a nivel constitucional. Estos apoyos ahora cuentan con respaldo a nivel constitucional, lo que aprieta todavía más las finanzas del Estado. Conforme más beneficiarios se inscriban, se desincentivará la búsqueda de un empleo formal y se reduce la de por sí minúscula población económicamente activa.
Otro ejemplo de las finanzas precarias mexicanas es la nueva indicación por parte del SAT, en donde deberán ser extra cautelosos respecto a la devolución del saldo a favor. Más del 30 % de las solicitudes de devolución automática son rechazadas por el SAT, lo cual genera incertidumbre y frustración entre los contribuyentes.
Ahora veamos el caso de Argentina. Es importante mencionar que, hasta hace tres años, Argentina tenía una mayor dependencia de ingresos tributarios en su PIB, al ser este del 29.6 %, muy por encima del promedio del 21.5 % de América Latina y del 16.9 % de México.
Lo anterior, combinado con su economía debilitada, representó un gran desafío conforme aumentaban el desempleo y la economía informal. El gobierno de Milei también se fue por el camino de no crear ni aumentar impuestos, sino que decidió “limpiar” el dinero que se encontraba en el sector informal.
Este intento de estimular la economía consiste en permitir a los ciudadanos utilizar dólares sin tener que reportar de dónde se obtuvieron, logrando así sacar aproximadamente 270 mil millones de dólares de la economía informal e incorporarlos al sector formal como ingreso gravable.
Asimismo, en su ánimo de promover las promesas libertarias que hizo en campaña, Milei ha reducido o, de plano, eliminado varios impuestos para alivianar la presión fiscal del país. Su eliminación del Impuesto País (el cual aplicaba una tasa del 30 % en compras de monedas extranjeras y servicios al exterior) representó un alivio al consumidor promedio, lo cual fomenta mayor actividad económica.
Estas medidas, combinadas con los recortes masivos que se han realizado en gastos en el sector público con su plan denominado “Plan Motosierra”, han tenido beneficios masivos para Argentina. La inflación pasó de un 25 % mensual a un 2.5 %; un crecimiento del PIB estimado entre el 4 % y el 6 %; una disminución de la tasa de pobreza y, por lo que respecta al presente trabajo, un superávit fiscal por primera vez en una década. Es más, su dependencia de ingresos tributarios bajó al 23 % de su PIB.
Estas ganancias fiscales solo van en aumento, ya que el mes pasado la recaudación tributaria de Argentina registró un aumento del 57.9 % en comparación con abril del año pasado; una clara demostración de que la reducción de impuestos incentiva a la población a comprar más cosas y encender la base gravable.
En términos económicos, los resultados hablan por sí mismos; se estima que Argentina tendrá un crecimiento del 4 % al 6 %, muy por encima del promedio de América Latina, mientras que México tendrá un crecimiento del 0 % al 1 %, muy por debajo del promedio de América Latina.
Lo evidente es que, independientemente de una ideología política, la economía opera con un razonamiento lógico muy simplista: “no gastes dinero que no tienes”. El caso de Argentina con Javier Milei evidencia que una disciplina económica fuerte, con un gasto controlado, eleva el nivel de vida de la población para generar un crecimiento que no dependa de “apoyos sociales”, que muchas veces resultan contraproducentes al crear dependencia entre sus beneficiarios.
La eficiencia recaudatoria que busca la presidente Sheinbaum podrá tener buenas intenciones de corregir desigualdades, pero la corrupción, la burocracia y los desincentivos al trabajo y la inversión serán los eternos bloqueos para lograr los resultados que están obteniendo en Argentina.
