Ha iniciado el debate presidencial en Colombia y son muchos los temas que están puestos sobre la mesa. A menos de un año de las elecciones de ambas cámaras del Congreso y de un nuevo gobierno, los problemas están desbordados y decenas de candidatos empiezan un largo camino, con muchos diagnósticos y pocas soluciones claras.
Colombia enfrenta una creciente inseguridad en las calles. Bandas criminales y grupos guerrilleros, alimentados por el narcotráfico, dominan los campos y atacan impunemente a civiles y a las fuerzas armadas.
Clanes extorsionistas, dirigidos desde las cárceles, hacen de las suyas contra pequeños comerciantes y ganaderos.
Otra vez hay que lograr acuerdos para solucionar militarmente los problemas de seguridad y del tráfico de drogas ilícitas, fuente de la violencia que no acaba y del subdesarrollo del que no se ha podido salir.
En el país se plantea, de nuevo, un Plan Colombia, como aquel que moldeó y firmó con Estados Unidos el presidente conservador Andrés Pastrana a comienzos del presente siglo.
Lo ha dejado sobre la mesa el precandidato Mauricio Cárdenas, varias veces Ministro de Estado y de tendencia conservadora, y pocos creen que puede funcionar nuevamente ante la actual situación. Estados Unidos y Europa, aunque son los principales consumidores de drogas ilícitas, actualmente tienen otras prioridades y no están enfocando su atención ni recursos en apoyar la lucha antidrogas en Colombia.
Profundizado y ampliado hacia una estrategia antiguerrillera por su sucesor, Álvaro Uribe, el primer Plan Colombia trajo una mayor percepción de seguridad y un intenso combate que hizo que la guerrilla casi desapareciera, lo que generó mejores condiciones económicas y un entorno favorable para la inversión.
Casi tres décadas después, la situación no puede ser más dramática. El economista e investigador en seguridad y drogas, Daniel Mejía Londoño, reveló esta semana en una reciente entrevista que los ingresos por narcotráfico hoy han subido a más de 15.000 millones de dólares.
Esta cifra duplica el propio presupuesto para las fuerzas armadas y es prácticamente inalcanzable para las debilitadas arcas públicas.
Es decir, los criminales tienen no solo las armas y el control territorial en buena parte del país, sino también enormes cantidades de dinero a la mano para seguir con sus ataques.
El problemático gobierno del izquierdista Gustavo Petro, al que le hace falta algo más de un año de mandato, no tiene muchos resultados que mostrar en los frentes de seguridad y lucha contra el narcotráfico.
Al fin y al cabo, su política de “paz total” consistió más en una estrategia: dejar en los cuarteles a la fuerza pública y convertir en “gestores de paz” a cabecillas guerrilleros dentro y fuera de las cárceles.
Lo peor es que dejará en el 2026 un estado altamente burocratizado, sin recursos para enfrentar la inseguridad y la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Además, habrá elevados desequilibrios fiscales y comerciales, junto con un alto endeudamiento.
Un conversatorio virtual organizado el pasado domingo reunió a muy importantes pensadores, exministros de Estado y académicos para analizar todos esos problemas. Hay consciencia de la gravedad de la situación, pero, desafortunadamente, hubo mucho diagnóstico y pocos planteamientos claros para enderezar las políticas públicas.
Hasta antes de la pandemia, los problemas de seguridad y narcotráfico se habían diluido tenuemente en la mente de los colombianos, como resultado de miles de millones de dólares invertidos entre 2002 y 2010. Pero, después de la firma del acuerdo de paz de 2016, la seguridad empezó a deteriorarse. Ahí tomó forma el proceso de agravamiento de la inseguridad que hoy se manifiesta con fuerza.
Resulta revelador leer el muy importante libro de los académicos de la Universidad de los Andes, Daniel Mejía y Alejandro Gaviria, Políticas antidroga en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos, del 2011.
En su recopilación, las profesoras Arlene Tickner y Carolina Cepeda plantearon recomendaciones con las que se puede construir una completa política pública que, por fin, tome el toro por los cuernos.
Las investigadoras sugirieron hace casi 15 años una revisión amplia del papel que las drogas han desempeñado en las relaciones hemisféricas y bilaterales del país; un ajuste de la estrategia hacia Estados Unidos para entablar diálogos directos en los que se alcance un enfoque más claro y efectivo; discusiones sinceras en torno a los efectos de la prohibición del consumo y posesión de drogas tanto en Colombia como en Estados Unidos, con el fin de diseñar políticas públicas integrales que aborden el problema; y una mayor canalización de recursos para la cooperación bilateral.
Es momento de construir consensos para resolver esas dificultades, que tienen espantada a la inversión privada. Es fundamental la adopción de políticas claras y represivas que encaminen definitivamente al país por el rumbo de la legalidad. El desorden y la pasividad que han costado vidas deben ser erradicados.
