El entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, así como su ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, crearon la Unidad Nacional de Protección (UNP) unos meses antes de anunciar formalmente el inicio de los Diálogos de Paz con las FARC.
Años más tarde, coincidencialmente, esa entidad fue usada por Santos Calderón y su ministro del Interior de ese momento, Guillermo Rivera Flórez, para otorgarle protección a los desmovilizados de las FARC y darles un empleo digno a la “guerrillerada”. En su condición de civiles, les entregaron armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas colombianas y vehículos blindados.
Este fue un proceso que muchos criticaron por haber vuelto a armar, de manera legal, a los combatientes que supuestamente habían dejado las armas, según una verificación hecha por miembros de las Naciones Unidas, organización que registró el desarme de las FARC en un lánguido video grabado con un teléfono celular de antepenúltima generación. Se decidió que los cuerpos de escoltas de la UNP serían mixtos, es decir, conformados por civiles (guerrilleros) y militares activos.
El grupo terrorista M19, en el que militó Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, secuestró a Martha Nieves Ochoa, hermana de los grandes capos del Cartel de Medellín, socios de Pablo Escobar. El M19 se disfrazaba de guerrilla comunista para venderse al mundo como unos revolucionarios muy rebeldes, pero en realidad era un grupo bastante pobre de forajidos que dependía de la ayuda de los soviéticos, intermediada por Fidel Castro. Por esto también robaban bancos, robaban armas, extorsionaban a empresarios, campesinos y secuestraban a los familiares de los más ricos de Colombia.
Antes de que los empezaran a secuestrar a todos, los miembros del Cartel de Medellín se unieron y crearon un gran ejército privado que emprendió una feroz persecución, la cual tuvo al borde de la extinción a todos los terroristas miembros del M19.
Esta situación planteó una encrucijada para Pablo Escobar, quien era comunista y simpatizante del M19. Escobar concebía “el comunismo con plata”, como lo aseguró John Jairo Velázquez Vásquez, alias Popeye.
De hecho, a Pablo Escobar lo sorprendió la muerte pocos días antes de irse a la selva para incorporarse a las filas del grupo terrorista comunista ELN, como si una pitonisa le hubiera dicho que, en el futuro, Juan Manuel Santos iba a convertir al narcotráfico en un delito político.
Esto lo sabía Iván Marino Ospina, el papá del actual embajador de Colombia en Palestina, quien buscó a Escobar y se sentó con él a negociar y a arreglar por las buenas. Fue tan buena la gestión de Ospina que el M19 y el Cártel de Medellín se volvieron socios. Por eso, Iván Marino Ospina y los otros “duros” del M19 aportaron sus relaciones con dictaduras afines a su ideología, llevando a Escobar a Cuba y Nicaragua para abrir dos rutas muy importantes para el tráfico de cocaína, ya que contaba con la bendición oficial de Fidel Castro en Cuba y de los sandinistas en Nicaragua.
El M19 dejó de ejercer la amenaza terrorista a cambio de convertirse en un partido político que participó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, la cual, coincidencialmente, prohibió la extradición de Pablo Escobar. Tímidamente, al principio, los grupos terroristas FARC y ELN participaron en el negocio del narcotráfico cuidando los cultivos de coca, actividad conocida como “gramaje”.
La muerte de Pablo Escobar marcó el inicio de una confrontación entre quienes se creían los herederos naturales del negocio (los miembros de los ejércitos privados del Cartel de Medellín) y los terroristas de las FARC y del ELN, que vieron una oportunidad inmensa para ejercer presencia territorial y, lo más importante, conseguir la autonomía financiera en el momento en que la debacle de la Unión Soviética tenía en serios problemas financieros a Cuba y al resto de los países parásitos de los soviéticos.
El obstáculo para las FARC y el ELN, al momento de poder consolidar su hegemonía en el negocio del narcotráfico, eran los mafiosos miembros de los ejércitos privados de Pablo Escobar que sobrevivieron a la debacle de los grandes cárteles de la droga. Entonces, había que construir una narrativa para eliminarlos y para mimetizarse ante la comunidad internacional, que no iba a ver con buenos ojos que los herederos de la lucha revolucionaria comunista de Castro y Sandino se convirtieran en unos vulgares delincuentes dedicados al tráfico de niños disfrazado de reclutamiento forzado y narcotráfico.
Ante la incapacidad operativa de la fuerza pública colombiana para combatir la amenaza terrorista de los cárteles emergentes del narcotráfico, tras la desaparición de Escobar, y siendo presidente César Gaviria, se creó la figura de “servicios especiales de seguridad privada” mediante el Decreto Ley 356 del año 1994.
En ese mismo año, el presidente Ernesto Samper reglamentó su operación, advirtiendo que no podrían hacer parte de esos grupos personas con antecedentes penales. En 1995, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad bautizó a esas entidades como Convivir.
Para evitar decir abiertamente que estaban enfrascados en una lucha fratricida por conquistar la supremacía del negocio del tráfico de niños y de narcóticos, las FARC y el ELN culparon al Estado colombiano de haber conformado unos grupos de gente “de extrema derecha” que los atacaba sin piedad por ser guerrilleros comunistas, y que ellos, pobrecitos, solo estaban luchando por salvar al pueblo oprimido, y por eso empuñaban las armas para derrocar al indolente gobierno de turno.
Cada vez que existía una purga, una lucha por alguna ruta o algún territorio, o que ocurría un ajuste de cuentas entre mafiosos, las FARC y el ELN se presentaban como unas víctimas de unos grupos que ellos bautizaron como “paramilitares” para, de paso, quitarle legitimidad al Estado colombiano cuando los persiguiera por ser una banda de forajidos narcotraficantes y no un grupo subversivo.
La calificación era diferente, porque eso implicaba que las FARC eran perseguidas por el Estado por razones políticas y no por ser narcoterroristas. En la realidad, era una estrategia con la que trataban de desmarcarse de su actividad mafiosa, a la vez que esperaban neutralizar a los otros mafiosos enemigos con la acción del Estado que, supuestamente, los había creado.
No fue una coincidencia que en el Acuerdo de Paz del año 2016 quedara consignado un compromiso del Estado para combatir, sin tregua, a los “paramilitares”, que ya habían replicado lo que hacían las FARC y el ELN, convirtiéndose en grupos terroristas con himno y bandera.
El colapso del Acuerdo de Paz del 2016 lo determinó la captura por tráfico de niños disfrazado de narcotráfico de Seuxis Pausias Hernández, alias Jesús Santrich, que terminó dándole la razón a Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), cuando afirmó que en Colombia nunca existió un conflicto armado interno, sino una amenaza terrorista igual a la de Pablo Escobar.
Juan Manuel Santos anunció que la Guerra Urbana llegaría si la sociedad colombiana no se sometía a todo lo que querían él y las FARC. Sabía que necesitaba una estructura similar a la de los Colectivos Chavistas para poder amedrentar a los colombianos y evitar que se opusieran a la implementación de lo acordado en La Habana.
Los líderes supremos de las FARC se habían concentrado en Bogotá, y los exguerrilleros rasos estaban ubicados en lugares específicos con protección del Estado colombiano.
Sin embargo, las FARC dejó a un grupo de sus terroristas para que le cubriera la retaguardia, porque necesitaba hacer presencia en los territorios donde se encontraban los cultivos de coca y los laboratorios usados para fabricar cocaína. Por eso apareció la figura de los Líderes Sociales, que necesitaban ser protegidos por la UNP porque los estaban matando, supuestamente, por estar a favor de la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC.
Iván Duque hizo su aporte al paramilitarismo, inventándose que había más de ocho millones de Líderes Sociales, lo que obligó a duplicar el presupuesto de la UNP, haciéndola más fuerte y poderosa para que, de paso, cuidara a las víctimas del terrorismo criminal de las FARC. Los victimarios cuidando a las víctimas de ellos mismos. Genial.
En las calles de Colombia se ve la incursión violenta de civiles portando armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, desplazándose en carros oficiales entregados por el gobierno colombiano. Los vehículos blindados asignados a los Líderes Sociales han sido utilizados para transportar cargamentos de niños, alijos de drogas ilícitas, armas y explosivos.
Al joven sicario que intentó asesinar al senador de la oposición, Miguel Uribe Turbay, Gustavo Petro le pagaba mensualmente por pertenecer a un programa del Ministerio de Igualdad y Equidad, que resultó ser la base de datos de un ejército de mini asesinos o “paraquitos”, a los que el Estado les pagaba para que no siguieran matando a los colombianos. Aunque, en caso de que alguien les pague más para que continúen matando, no importa: el Estado va a decir que son niños inocentes, ávidos de mucho amor, y no les va a pasar absolutamente nada.
A nadie le puede quedar duda sobre los nombres de los verdaderos padres del paramilitarismo en Colombia.
