Ante la incapacidad operativa de la fuerza pública colombiana para combatir a la amenaza terrorista de los cárteles emergentes del narcotráfico, tras la desaparición de Pablo Escobar, se creó la figura de “servicios especiales de seguridad privada”, mediante el Decreto Ley 356 del año 1994. En este mismo año, el presidente, Ernesto Samper, reglamentó su operación, advirtiendo que no podrían hacer parte de esos grupos, personas con antecedentes penales.
En el año 1995, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad bautizó a estas entidades como CONVIVIR. La Corte Constitucional aclaró que los civiles no podían usar armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y que solo podían alertar a la fuerza pública sobre la presencia de grupos terroristas para que los militares, no los civiles, los combatieran. La única arma permitida, era un radio teléfono.
Muchos años después, el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón y su ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, crearon la Unidad Nacional de Protección (UNP), casualmente, unos meses antes de anunciar, formalmente, el inicio de los diálogos de paz con los terroristas de las FARC.
Años más tarde, esta misma entidad, fue usada por Santos Calderón para otorgarle protección a los desmovilizados de las FARC y darle un empleo “digno” a la “guerrillerada” que, en su condición de civiles, se les entregó armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas colombianas, pertrechos y vehículos blindados.
Es la primera vez que el Estado armó, entrenó y equipó a civiles, por lo tanto, Juan Manuel Santos Calderón es el padre del paramilitarismo en Colombia. El uso dado a las armas para proteger a los capos del narcotráfico, amedrentar a la población civil de ciudades como Cali, perpetrar masacres entre cárteles rivales y escoltar el tráfico de alijos de cocaína y marihuana, transportados en los vehículos blindados, confirma la creación de estos grupos paramilitares con la bendición institucional de Santos, el presidente de Colombia.
En 1981, los miembros del Cartel de Medellín, se unieron y crearon un gran ejército privado para rescatar a Martha Nieves Ochoa. Emprendieron una feroz persecución que tuvo al borde de la extinción a los terroristas del M-19. Esta situación planteó una dualidad moral a Pablo Escobar, que era comunista, simpatizante del M-19.
Escobar, al igual que Gustavo Bolívar, concebía “el comunismo con plata” como lo aseguró John Jairo Velázquez Vásquez alias Popeye. La afinidad ideológica de Pablo Escobar con el M-19, la sabía Iván Marino Ospina, el papá del que fue alcalde de Cali, que buscó a Escobar y se sentó con él a negociar y a arreglar por las buenas.
Fue tan buena la gestión de Ospina, que se volvieron socios, el M19 y el Cártel de Medellín. Iván Marino Ospina y los otros “duros” del M-19, aportaron sus relaciones con las dictaduras comunistas amigas, llevando a Escobar a Cuba y a Nicaragua, para abrir dos rutas muy importantes para el tráfico de cocaína porque contaba con el apoyo oficial de Fidel Castro en Cuba y de los Sandinistas en Nicaragua.
La muerte de Pablo Escobar marcó el inicio de una confrontación entre los ejércitos de los herederos naturales del negocio de Escobar y los terroristas de las FARC y del ELN, que vieron una oportunidad para ejercer presencia territorial y, lo más importante, conseguir la autonomía financiera, tras la debacle de la Unión Soviética, que tenía en serios problemas financieros a Cuba y al resto de naciones parásitas de los soviéticos.
El obstáculo para que las FARC y el ELN pudiera consolidar su hegemonía en el negocio del narcotráfico, eran los mafiosos que sobrevivieron al colapso de los grandes cárteles de la droga, entonces, había que construir una narrativa para eliminarlos y para mimetizarse ante la Comunidad Internacional que no iba a ver con buenos ojos que, los herederos de la lucha revolucionaria comunista de Castro y Sandino, se convirtieran en unos vulgares terroristas, dedicados al narcotráfico.
Para evitar decir abiertamente que estaban enfrascados en una lucha fratricida por conquistar la supremacía del negocio del narcotráfico y tráfico de niños, las FARC y el ELN, crearon falsos narrativos, culparon al Estado colombiano de haber conformado unos grupos con gente “de extrema derecha”, desde cuando Ernesto Samper reglamentó las CONVIVIR, que los atacaba sin piedad por ser guerrilleros comunistas y que ellos, pobrecitos, solo estaban luchando por salvar al pueblo oprimido y por eso empuñaban las armas para derrocar al indolente gobierno de turno.
Cada vez que existía una purga, una lucha por alguna ruta o algún territorio o que ocurría un ajuste de cuentas entre mafiosos, las FARC y el ELN se presentaban como las víctimas de unos grupos que ellos mismos bautizaron como “paramilitares” para, de paso, quitarle legitimidad al Estado colombiano cuando los persiguiera por ser un grupo de terroristas narcotraficantes y no, por ser un grupo subversivo.
En la realidad, era una estrategia con la que trataban de desmarcarse de su actividad mafiosa a la vez que esperaban neutralizar a los otros mafiosos enemigos con la acción del Estado que, supuestamente, los había creado. No fue una coincidencia que en el Acuerdo de Paz del año 2016, quedará consignado un compromiso del Estado colombiano para combatir, sin tregua, a los “paramilitares” que ya habían replicado lo que hacían las FARC y el ELN, convirtiéndose en grupos de narcotraficantes con himno y bandera.
Después de esto, las FARC, necesitaba hacer presencia en los territorios donde se encontraban los niños raptados, los cultivos de coca y los laboratorios usados para fabricar cocaína. Aparecieron, entonces, los falsos narrativos de los Líderes Sociales que debían ser protegidos por la UNP porque los estaban matando, supuestamente, por estar a favor de la implementación del Acuerdo de Paz.
El presidente Iván Duque, se inventó el falso narrativo de la cifra de los líderes sociales. Dijo que eran más de 8 millones de colombianos, es decir, había un líder social para cada 6 colombianos. Gracias a esto, Duque, duplicó el presupuesto de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la misma que creó Santos, para tratar de protegerlos a todos para que no los mataran.
Años atrás, Juan Manuel Santos, no se leyó la política de Seguridad Democrática y se inventó, mejor, la doctrina Vietnam, como lo confesó, muchos años después, ante la oenegé Comisión de la Verdad, en donde el ex presidente y ex ministro de Defensa reconoció la gravedad de haber disfrazado de terroristas a civiles dados de
baja, que se conoce como Falsos Positivos.
Juan Manuel Santos dijo: “No me cabe duda de que el pecado original, lo que dio pie a estas atrocidades, fue la presión para producir bajas y todo lo que se tejió alrededor de lo que muchos han llamado la doctrina Vietnam. En honor a la verdad tengo que decir que el presidente Uribe no se opuso al cambio de esta nefasta doctrina que él mismo había estimulado. Nunca recibí una contraorden ni fui desautorizado”
Juan Manuel Santos, nunca recibió una contraorden, ni fue desautorizado por el presidente Álvaro Uribe porque jamás le dio a Santos, esa orden o autorización. La política de Estado de la Seguridad Democrática, es muy clara y precisa, privilegia la desmovilización sobre las bajas. En ninguna parte de la política privilegia, exige o paga por las bajas de los terroristas cómo, al parecer, sí lo decía en la doctrina Vietnam aplicada por Santos.
La vicepresidente de la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la Justicia Especial para la Paz (JEP), Catalina Díaz, confirmó que no hay ninguna ley o documento oficial que estipule, como indicador de éxito, las bajas en combate. La JEP, también, previamente, admitió que el número de los falsos positivos es mucho menor que la cifra de 6.402 víctimas, falso narrativo usado como propaganda ante la comunidad internacional, con el objetivo de levantar capital.
Este falso narrativo pretendía, aparte de desprestigiar a las Fuerzas Armadas, convertir a las Madres de Soacha en la versión colombiana de las Madres de Plaza de Mayo, que convirtieron en una marca registrada su aparente desgracia, para extorsionar al Estado argentino de manera vitalicia y hereditaria, basado también, en el falso narrativo de una cifra de 30 mil desaparecidos que, Luis Labraña, terrorista de Montoneros, confesó que él se la inventó “para que las Madres de Plaza de Mayo pudieran solventar gastos y tener una casa propia”
Se cierra para siempre, entonces, el falso narrativo que señalaba al presidente Álvaro Uribe como el creador de ese crimen de guerra y compromete, seriamente, a Juan Manuel Santos, con la masacre de civiles que, después de revisar la historia, fue la estrategia usada por Santos para desprestigiar a las Fuerzas Armadas desde adentro y evitar, así, la victoria militar total del Estado sobre las FARC y el ELN, que hubiera evitado su proceso de paz, el saqueo de más de $10 mil millones de dólares y su premio Nobel de Paz.
