Introducción
El presidente Javier Milei firmó un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que redefine los alcances del derecho a huelga en Argentina. Si bien esta medida había sido previamente impulsada como proyecto de ley en el Congreso, fue bloqueada bajo el argumento de que atenta contra el derecho a la protesta. Sin embargo, esta resistencia evidenció que muchos referentes políticos, incluso aquellos que se autodefinen como defensores de la república y la transparencia, evitan confrontar directamente al poder sindical.
En un contexto de creciente precarización laboral, informalidad y corrupción sindical estructural, los gremios tradicionales en Argentina operan como una “guardia pretoriana” del peronismo, más preocupados por preservar sus privilegios que por representar genuinamente a los trabajadores.
Un nuevo marco legal para limitar el abuso del paro
El DNU 340/2025 establece una nueva categorización de servicios esenciales y de importancia trascendental que deben mantener un funcionamiento mínimo durante cualquier medida de fuerza. El objetivo central es garantizar la continuidad de servicios clave como salud, transporte, educación, telecomunicaciones, banca e industria, y evitar que la ciudadanía se convierta en rehén de las disputas sindicales.
De este modo, se exige que los sectores esenciales aseguren al menos el 75% de operatividad durante una huelga, mientras que aquellos de importancia trascendental deberán funcionar en un 50% como mínimo.
La medida representa un giro profundo en la legislación laboral de la Argentina, donde durante décadas los paros generales se utilizaron como herramienta política para debilitar la gobernabilidad, particularmente de gobiernos no alineados con el peronismo. El decreto apunta, según fuentes oficiales, a terminar con lo que consideran una práctica de “extorsión sindical”. Una realidad que los gremios no quieren ver.
Si bien algunos críticos sostienen que los servicios de guardia médica garantizan atención durante las huelgas, la realidad contradice esa idea. Pacientes oncológicos, personas con enfermedades crónicas y trabajadores informales que dependen del transporte público para subsistir resultan los principales perjudicados por los paros totales.
María del Carmen, una paciente oncológica de 56 años, expresó su angustia en un medio nacional: “Tenía turno para quimioterapia después de esperar tres semanas, pero el hospital canceló todo por el paro. Me dijeron que no era una emergencia. ¿Cómo no va a ser urgente un tratamiento contra el cáncer? No dormí en toda la noche. Sentís que te empujan a la muerte.”
A su vez, Ramón, un vendedor ambulante de 38 años que trabaja en la zona sur del conurbano, relató: “Cuando paran los colectivos, no llegó a la feria. Ese día no como. No tengo un sueldo fijo. Para mí un paro no es protesta, es hambre.”
Estos testimonios reflejan el impacto humano que muchas veces queda fuera del foco. Mientras los dirigentes sindicales convocan conferencias de prensa y movilizaciones desde oficinas climatizadas y vehículos blindados, miles de argentinos quedan atrapados en una parálisis que afecta su salud, sus ingresos y su dignidad.
Antecedentes: del DNU 70/2023 al nuevo intento de regulación
El DNU 340/2025 no es el primer intento del gobierno de Milei por limitar el derecho a huelga. En diciembre de 2023, el Ejecutivo emitió el DNU 70/2023, que en su Título IV introdujo reformas laborales significativas, incluyendo restricciones al derecho de huelga mediante la ampliación de actividades consideradas esenciales.
Sin embargo, el 30 de enero de 2024, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró inconstitucional todo el Título IV del DNU 70/2023, por considerar que violaba el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, al legislar en materia reservada al Congreso.
Esta decisión judicial obligó al gobierno a buscar nuevas vías para implementar sus reformas, resultando en la emisión del DNU 340/2025, que retoma y amplía las disposiciones previamente anuladas, pero enfocándose en la regulación de servicios esenciales y actividades de importancia trascendental.
Reacciones y críticas al DNU 340/2025
Como era previsible, el decreto ha generado una fuerte reacción en el sindicalismo y en organismos de derechos humanos, que lo acusan de restringir el derecho constitucional a huelga y de favorecer el ajuste económico por sobre los derechos laborales.
No obstante, el Gobierno defiende la medida como un paso necesario para equilibrar el derecho a la protesta con el derecho de los ciudadanos a recibir servicios básicos, y para terminar con una cultura de bloqueos recurrentes.
Firmado por el presidente Javier Milei y sus ministros, el DNU 340/2025 se inscribe en el marco de un ambicioso programa de reformas estructurales impulsado por el Ejecutivo, con el objetivo de modernizar el mercado laboral argentino y garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales frente a cualquier conflicto gremial.
