El 8 de noviembre de 2024, el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina, Federico Sturzenegger, afirmó que el empresario Elon Musk se comunicó con él por teléfono para indagar acerca del funcionamiento del ente que dirige, con la intención de replicarlo en los Estados Unidos. Algunos días más tarde, el presidente electo Donald Trump confirmó que Musk y el empresario farmacéutico republicano-libertario Vivek Ramaswamy co-dirigirán el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Ante el entusiasmo de quienes sueñan con reducir el gasto público anual del gigante norteamericano en dos billones de dólares (tal es el objetivo que se planteó Musk), resulta necesario para poder formar expectativas medianamente racionales remarcar las limitaciones con las que deberá lidiar esta agencia.
El gasto público de los Estados Unidos está subdividido en tres categorías: gasto discrecional, gasto en prestaciones e interés sobre la deuda. Naturalmente, el estado norteamericano no puede influir sobre el interés de la deuda externa contraída previamente sino que el mismo está establecido por los términos en los que se haya contraído, y por consecuencia resulta inviable reducir este gasto sin incurrir en un default. Durante el año fiscal 2024, esta partida representó un gasto de 882 mil millones de dólares, o aproximadamente un 13% del gasto total de 6,75 billones de dólares. Asimismo, el presupuesto para el 2025 prevé que esta partida se elevaría a 1,16 billones, un salto del 31,6%, aunque el presupuesto 2024 sobreestimó el gasto en esta categoría. Según el mismo documento, el incremento sería solo del 5,8%, ubicándose entonces en aproximadamente $933 mil millones.
Por su parte, el gasto en prestaciones (denominado “gasto obligatorio”) representa la mayor parte de las expensas del tesoro norteamericano, dado que abarca los programas de Seguridad Social, Medicare y de seguridad de los ingresos, que entre ellos solamente suman más de $3 billones o el 44,5% del gasto total. Las partidas incluidas en esta categoría de gasto normalmente solo pueden ser reducidas por una supermayoría parlamentaria, y como tal están fuera del alcance del DOGE (el acrónimo que eligió Musk para la agencia que comandará) y de los republicanos en general, quienes ostentan una mayoría simple en ambas cámaras, insuficiente para aprobar los cambios drásticos que precisaría un recorte tan ambicioso. Curiosamente (y para sorpresa de nadie), incluso las dietas de los funcionarios de alto rango como los legisladores o el presidente son consideradas gastos obligatorios, y consecuentemente están protegidas por tales protocolos.
El único gasto que el Congreso norteamericano puede modificar con una simple mayoría y que legisla cada año con una ley de presupuesto es el llamado gasto discrecional, al que le corresponde todo el presupuesto de defensa, la ayuda exterior, la educación, el transporte, los beneficios a veteranos y otras partidas semejantes. Las expensas en cuestiones de defensa siempre se llevan el premio mayor en todos los presupuestos que suele redactar el Congreso y representan algo así como una vaca sagrada en el ideario norteamericano, y más aún en el Partido Republicano. Si pretenden recortar o por lo menos congelar esa categoría, el trinomio compuesto por Trump, Musk y Ramaswamy deberá primero convencer a sus propios legisladores de votar en contra de la voluntad de un sector significativo de su propio electorado. En 2024, el Departamento de Defensa recibió $874 mil millones de la Tesorería, y el presupuesto aprobado para el 2025 le asignó $895 mil millones; evidentemente, los recortes no recaerán sobre la defensa.
En las demás partidas de carácter discrecional la situación es similar, si bien no representan un porcentaje tan elevado del gasto. La única partida con un presupuesto relativamente alto a la que Trump y los republicanos explícitamente aludieron durante la campaña como objetivo de recortes es la educación, siendo la intención del presidente electo la eventual eliminación del Departamento de Educación. Los gastos en esta categoría representaron en 2024 $305 mil millones, o un 4,5% del gasto total. De todas formas, indudablemente cualquier recorte significativo a este sector se encontrará con la resistencia de los distintos agentes interesados.
Como demuestra este pequeño recorrido por las finanzas públicas del gobierno federal de los Estados Unidos, existen tantas protecciones sistémicas ante cualquier intento de austeridad fiscal que incluso las proyecciones más optimistas de un gobierno con vocación de reducir el gasto no podría exceder el 6% del mismo. Estos recortes estarían distribuidos entre aquellas partidas menos significativas que puedan ser reducidas libremente (como educación, transporte, algunas cuestiones de salud pública y una proporción limitada de gasto administrativo); 6% es la cifra en la que algunos congresistas republicanos quisieron reducir el gasto discrecional en 2024, en una iniciativa legislativa que finalmente no prosperó. A menos que se dispare la tasa de inflación o se produzca algún imprevisto semejante, resulta difícil prever cómo el gasto público norteamericano pueda contraerse en términos reales unos $2 billones como quieren los líderes del DOGE.
A pesar de todas estas limitaciones, el establecimiento de un Departamento de Eficiencia Gubernamental no es un hecho menor; el ministerio argentino que lo inspiró también se encontró con todo tipo de resistencias, pero no por ello dejó de trabajar para modernizar al estado y facilitarle la vida a los ciudadanos. Todos los días hábiles el ministerio habilita una desregulación diaria que, a pesar de ser en muchos casos casi imperceptible para la mayoría de la población al momento de ser anunciada, en su conjunto contribuyen para suprimir la burocracia excesiva y agilizar los trámites ante el estado. La agencia que liderarán Musk y Ramaswamy no tendrá rango ministerial, pero sí tendrá la potestad y el deber de investigar a todas aquellas áreas del estado cuya excesiva burocracia representa una pérdida de eficiencia fehaciente, para luego instruir al presidente sobre dónde debe recortar y desregular. Aún si no lograra nada más, la mera existencia de un ente como el que DOGE se propone representa una victoria discursiva para los liberales que no debiera ser menospreciada.
