El año pasado, en un nuevo golpe contra la privacidad y la libertad financiera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la FGR ahora puede acceder a la información bancaria de cualquier ciudadano sin necesidad de una orden judicial. Este avance del autoritarismo, cuyo antecedente recae en un amparo que argumentaba que la facultad que la Ley de Instituciones de Crédito le otorgaba al Ministerio Publico para revisar estados bancarios sin orden judicial violaba el artículo 16 constitucional, demuestra cómo el gobierno mexicano continúa consolidando su control sobre el dinero y la vida de los ciudadanos.
El Fin de la Privacidad Financiera
Con esta validación, la privacidad financiera de los mexicanos ha muerto. Ahora, cualquier burócrata podrá revisar los movimientos bancarios de quien considere sospechoso sin necesidad de acreditar esta necesidad ante un juez.
Este cambio no es menor. El acceso irrestricto a la información bancaria abre la puerta a persecuciones políticas, extorsión gubernamental y una mayor presión fiscal sobre los ciudadanos productivos. En otras palabras, el Estado ha legalizado el espionaje financiero.
El SAT ya se ha caracterizado por ser una institución que oprime a los contribuyentes con cargas fiscales absurdas, burocracia innecesaria y auditorías arbitrarias. Ahora, con la autoridad impartidora de justicia y sus funciones sin restricción en juego, la amenaza crece exponencialmente. Cualquier persona que maneje efectivo, invierta en cripto-monedas o tenga movimientos bancarios fuera de lo “normal” quedará automáticamente bajo sospecha.
La narrativa del gobierno siempre es la misma: “es para combatir la corrupción y el lavado de dinero”. Pero la realidad es que los verdaderos corruptos, los políticos y sus aliados, saben exactamente cómo mover su dinero y evitar investigaciones gracias a la protección que se brindan entre sí. En cambio, el ciudadano común, el emprendedor, el pequeño empresario y el trabajador independiente son quienes terminarán siendo espiados, perseguidos y sancionados bajo el criterio subjetivo de quien decida iniciar una investigación en su contra.
El Peligro de un Estado Sin Límites
Cuando un gobierno puede revisar tus finanzas sin orden judicial, ha cruzado una línea de no retorno. Significa que el Estado no te ve como un ciudadano con derechos, sino como un súbdito al que puede vigilar y exprimir a su antojo. La pregunta no es si abusarán de esta facultad, sino cuándo lo harán y contra quién, especialmente en este sexenio donde las finanzas están apretadas y necesitan aumentar la captación de recursos.
México avanza peligrosamente hacia un modelo donde el gobierno tiene más poder sobre tu dinero que tú mismo.
Frente a este panorama desolador, debemos desarrollar múltiples maneras de recuperar el control sobre nuestro dinero y minimizar la interferencia del gobierno:
- Apostar por el efectivo y los activos físicos: Si bien el SAT y la FGR quieren obligar una digitalización total para rastrear cada transacción, el uso de efectivo sigue siendo una de las mejores maneras de proteger la privacidad financiera.
- Adoptar criptomonedas y sistemas descentralizados: Bitcoin y otras criptomonedas, así como credifinancieras independientes, permiten transacciones fuera del alcance de los bancos tradicionales y, por lo tanto, fuera del control del gobierno.
- Tener un control rígido y auditado sobre nuestras propias finanzas: Existen despachos, como para el que trabaja el autor, SECOCO-MARTZ, que trabajan por alinear el patrimonio de sus clientes a la normatividad existente. Una alianza con estos despachos crea un apoyo valioso antes las auditorias por parte del SAT.
- Exigir el respeto a los derechos individuales: Es necesario que más ciudadanos se opongan abiertamente a estas medidas y exijan la restauración del derecho a la privacidad financiera.
Ante la falta de dinero en las arcas públicas, el avance del Estado sobre nuestras finanzas no se detendrá a menos que los ciudadanos se preparen. Es por esto que recomendamos alianzas con despachos como SECOCO que ofrecen su más sólido conocimiento para revisar y ajustar los riesgos que surjan en el manejo de las operaciones de sus clientes, garantizando una protección patrimonial sólida.
