¿Está Venezuela experimentando las repercusiones de la implementación de un control de armas?
La gravedad del colapso económico en Venezuela ha sido objeto de un exhaustivo análisis. No obstante, un elemento de la crisis venezolana que ha recibido escasa atención es el sistema de regulación de armas que impera en la nación.
En 2019, Fox News presentó un artículo destacado que revela el profundo sufrimiento de los ciudadanos venezolanos frente a las draconianas políticas de control de armas impuestas por la tiranía en Venezuela desde 2012. Este sentimiento de desconsuelo es, sin duda, comprensible. El régimen venezolano se posiciona entre los más represivos a nivel mundial, con un historial alarmante de violaciones a las libertades individuales fundamentales, que abarcan la libertad de expresión, la devaluación de la moneda nacional, la expropiación de propiedades privadas y la instauración de controles económicos que han devastado la productividad del país.
Las elecciones han demostrado ser inútiles, ensombrecidas por la corrupción y la manipulación del régimen. Para muchos, la única opción que les queda al país es recurrir a la violencia para liberarse de un régimen opresor. Sin embargo, el régimen chavista ha conseguido evitar un levantamiento mediante la instauración de un riguroso control de armas, el cual se detallará a continuación.
La ausencia de una tradición relacionada con la segunda enmienda en Venezuela.
Desde una óptica histórica, Venezuela no ha forjado una tradición sólida en la posesión de armas de fuego privadas, a diferencia de lo que se observa en Estados Unidos. La ausencia de una Segunda Enmienda y el control centralizado del gobierno federal sobre el uso de armamento son vestigios de su legado colonial. Durante el periodo colonial, los colonizadores españoles no fomentaron una cultura política que favoreciera la propiedad civil de armas. En cambio, fueron los militares y la aristocracia terrateniente quienes sostuvieron el monopolio de las armas a lo largo de toda esa época. Esta herencia ha persistido incluso después de la independencia de los países latinoamericanos de España en la década de 1820.
Con la mirada puesta en el siglo XX, Venezuela emprendió sus primeros pasos hacia la modernización de su política armamentista. En 1939, el gobierno venezolano promulgó la Ley de Armas y Explosivos, que instituyó un monopolio estatal sobre el uso de armamento. Así, el Estado se erigió como la única entidad facultada para poseer “armas de guerra”, que incluían cañones, rifles, morteros, ametralladoras, carabinas, pistolas y revólveres. Los ciudadanos, en cambio, solo podían poseer rifles y escopetas de calibre .22, y bajo ciertas condiciones, podían adquirir armas de fuego siempre que contaran con la licencia adecuada.
La influencia de las ideas progresistas en el refuerzo del estatismo durante la era chavista.
Las ideas son cruciales.
No es sorprendente que Venezuela comenzara su camino hacia el control de armas a finales de los años 30. Este fue un periodo en el que el estatismo ganaba terreno a nivel mundial, reflejado en el auge del fascismo y el comunismo en Europa. Incluso durante la era del New Deal, Estados Unidos dio sus primeros pasos hacia la regulación federal de armas con la aprobación de la Ley Nacional de Armas de Fuego (NFA) en 1934. A pesar de sus políticas restrictivas en materia de armamento, Venezuela logró mantener, al menos, una apariencia de gobierno limitado en asuntos económicos hasta la década de 1970.
Sin embargo, la nacionalización de la industria petrolera en la década de los setenta, junto con las crisis económicas que azotaron las décadas de 1980 y 1990, socavaron los cimientos institucionales de Venezuela. El país se hallaba en un contexto favorable para una intervención demagógica.
La agenda anti-armas de Hugo Chávez
Con la llegada al poder del carismático líder socialista Hugo Chávez, no solo se preservó la legislación vigente sobre el control de armas en Venezuela, sino que también se amplió considerablemente. El artículo 324 del actual panfleto devenido en “Constitución” de Venezuela, la vigésimo sexta en su historia, reafirma el monopolio estatal sobre las armas de fuego y asigna a las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela la responsabilidad de regular todas las armas en el territorio nacional.
En el año 2002, el gobierno venezolano estableció la primera versión de la Ley de Control de Armas, Municiones y Desarme, lo que marcó un hito en el estricto control de las armas de fuego en la nación. Una década más tarde, esta normativa fue modificada para potenciar su eficacia en la regulación del armamento, concediendo a las Fuerzas Armadas de Venezuela la potestad exclusiva para administrar, registrar y, cuando sea necesario, incautar armas de fuego.
En el contexto de la batalla contra la delincuencia, Venezuela implementó en 2012 una prohibición sobre la venta de armas de fuego y municiones. No obstante, al igual que otras iniciativas de este tipo, esta medida no consiguió generar un efecto notable en la disminución de la criminalidad. Según la información del Observatorio de Violencia de Venezuela, la tasa de homicidios en el país aumentó de 73 por cada 100.000 habitantes en 2012 a 91,8 por cada 100.000 en 2016.
Control de armas: Transformar a los ciudadanos en individuos desprovistos de armas
Los ciudadanos venezolanos nos hallamos en una delicada posición de vulnerabilidad ante un régimen que socava nuestras libertades civiles y desmantela nuestra estructura económica. Para complicar aún más esta realidad, nos vemos obligados a lidiar con una criminalidad desbordante y la constante amenaza de los colectivos, esos notorios grupos paramilitares que sostienen al gobierno en Venezuela.
Si bien el control de armas no conduce necesariamente a la tiranía, la historia revela que las medidas bien intencionadas de gobiernos anteriores pueden ser manipuladas por futuros líderes con propósitos oscuros. Las limitaciones, la incautación y el registro de armas de fuego permiten al estado establecer un monopolio casi total sobre la violencia, convirtiendo a sus ciudadanos en individuos desprotegidos. En un momento crítico, una población desarmada se encuentra en desventaja frente a un Leviatán poderosamente armado.
Los forasteros pueden subestimar la Segunda Enmienda de los Estados Unidos, pero este derecho es uno de los pilares fundamentales que los creadores de la Constitución se empeñaron en proteger. La inestabilidad política puede surgir en cualquier momento, y es esencial que los ciudadanos dispongan de un medio eficaz para su defensa, en caso de que todas las opciones institucionales hayan fallado.
