En marzo del año 2019 el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en carta dirigida a Su Majestad el Rey Felipe VI le exigió a España y a la iglesia católica en cabeza del papa Francisco pedirle perdón a México por la Conquista para empezar a saldar la “deuda histórica” contraída con los pueblos aborígenes de la Centroamérica prehispánica. El papa Francisco ya le había pedido perdón, por lo mismo, a Evo Morales en el año 2015 durante una visita del pontífice a Bolivia.
Evo Morales, desde su ascenso al poder, nombró de vicepresidente al marxista progresista, Álvaro García Linera, considerado el verdadero poder detrás del trono boliviano y del que se dice, maneja como a una marioneta al presidente Luis Arce.
Fue García Linera quien llevó a Bolivia a los progresistas españoles, Iñigo Errejón (hoy acusado de sátiro, depredador y abusador sexual) y Pablo Iglesias, para que crearan la constitución boliviana y aplicaran, en su totalidad, la tesis doctoral de Errejón para poder convertir a Bolivia en un Estado pluricultural, sin dios ni ley, en el que solo impera la Ley de la Selva, que permitía todo, desde la producción de cocaína a escala industrial hasta la pedofilia.
Para evitar intromisiones incómodas, Morales expulsó a los estadounidenses de Bolivia y rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos en nombre de la deuda ancestral, del saber aborigen y del respeto por la Madre Naturaleza.
En Ecuador, Rafael Correa (hoy prófugo de la justicia), trató de replicar el modelo boliviano de Estado pluricultural cocalero dando albergue y protección al Cártel de las FARC, usando camisas con motivos aborígenes bordados y nombrando a un canciller indígena, hasta que declaró la deuda odiosa y se le cerró el acceso a los mercados de capitales globales por lo que tuvo que recurrir a la ayuda financiera de la China Popular, dejando a Ecuador empeñado de por vida con Pekín.
Los chinos, no se tragaron el cuento de los cultivos ancestrales de coca porque ellos necesitaban que les pagaran lo que les debían con la producción de la industria de oil & gas, no con los ingresos por tráfico de cocaína.
Sin embargo, Rafael Correa, antes de irse, colaboró con la causa y logró que en Colombia se prohibiera la fumigación de cultivos ilícitos con la complicidad de un informe hecho por académicos de la universidad de Los Andes y gracias al beneplácito de las Altas Cortes colombianas que institucionalizaron la prohibición.
Los españoles Iglesias y Errejón, son los mismos que crearon con Juan Carlos Monedero el partido progresista PODEMOS en el año 2014, con dineros cuyo origen, hoy es materia de investigación por las entidades que persiguen el lavado de activos y a las mafias del narcotráfico transnacional.
Los progresistas de PODEMOS, que hoy se llama SUMAR, entraron a Colombia de la mano de Juan Manuel Santos y de las FARC, que le encomendaron al ultra progresista, Enrique Santiago, la creación de una nueva Constitución que convirtiera a Colombia en un Estado pluricultural cocalero como Bolivia.
No olvidar que durante los 6 años de la negociación del Acuerdo de Paz, el principal negociador de las FARC, Luciano Marín alias “Iván Márquez”, habló, todo el tiempo, de cambiar a la Constitución colombiana y hubo propuestas y voces a favor de legalizar la cocaína en el mundo.
Hoy, los aborígenes colombianos gozan de absoluta independencia del Estado colombiano, en términos políticos y administrativos pero, a su vez, son una minoría privilegiada que recibe miles de millones de dólares que le quitan a la mayoría de colombianos.
Y, lo más importante, en su república independiente aborigen, no son considerados cómo delitos, el narcotráfico, la pedofilia, el incesto o el abuso sexual de menores de edad. Un paraíso de impunidad, en donde, hasta los delitos de lesa humanidad, no son considerados como delitos.
Esta impunidad, parece hacerse extensiva a los que se auto perciben como aborígenes, como es el caso de la congresista progresista, Martha Peralta Epieyú, que asumió que podía delinquir y en caso de ser descubierta, disfrazarse de aborigen del pueblo Wayú para evitar la acción de las autoridades competentes, acusandolos de racismo y de ser perseguida por su condición de aborigen, aunque sea falsa.
Además, los aborígenes colombianos, tienen a su disposición a las Fuerzas Armadas de Colombia, que solo las dejan ingresar a sus territorios para combatir a los ejércitos privados de los cárteles mexicanos del tráfico de niños y de cocaína, cuando las armas entregadas por Juan Manuel Santos y Gustavo Petro, a la Guardia Indígena, no son suficientes para responder a las vendettas entre mafiosos sanguinarios.
En México, el narco gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum, que es una extensión del narco gobierno de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, ha dado a los aborígenes mexicanos un papel protagónico, como una manera de justificar la institucionalización criminal dada al narcotráfico, a los campos de exterminio, al aborto, la trata de blancas y al tráfico de niños con fines de explotación sexual, con el claro objetivo de convertir a México en un gran paraíso de impunidad, en nombre del respeto a los pueblos aborígenes y sus saberes ancestrales.
La mejor forma de saldar la deuda histórica de España con Hispanoamérica, cree la Sheinbaum, es regresando a la sociedad mexicana a la época prehispánica, la Edad Media europea, en la que los sacrificios humanos eran considerados rituales aborígenes para agradar a sus dioses y muchos de los actos, que hoy son considerados delitos, eran expresiones culturales o actividades de la vida cotidiana.
Detrás de la balcanización de Hispanoamérica, siempre ha estado presente, el progresismo español y el socialismo venezolano con su proyecto bolivariano. Ramón Pérez-Maura se refiere al objetivo del plan que se implementó en Bolivia y que se espera sea replicado en la región por el progresismo radical: “cambiar su identidad nacional y dividirla en pequeñas provincias indígenas, fáciles de dominar y de manipular, con el fin de convertir a esa nación en un centro internacional de producción de cocaína”.
