Introducción
La Ley de Ficha Limpia —que impide que personas con condena penal en segunda instancia accedan a cargos electivos— se ha convertido en un dilema clave para el gobierno de Javier Milei. Por un lado, representa una oportunidad histórica para fortalecer la integridad institucional y cumplir con una promesa central de campaña: erradicar la corrupción. Por otro, podría convertirse en un punto de cohesión para un peronismo fragmentado, que denuncia una supuesta persecución judicial contra su principal figura, Cristina Fernández de Kirchner.
El sistema político argentino ha permitido durante décadas que funcionarios condenados eludan la justicia mediante fueros legislativos o cargos diplomáticos. Si se aprueba, la Ficha Limpia marcaría un antes y un después en la cultura política nacional.
¿Qué es la Ley de Ficha Limpia?
La Ficha Limpia es una iniciativa que busca impedir que personas con condenas penales en segunda instancia por delitos de corrupción puedan postularse a cargos públicos. Inspirada en la legislación brasileña vigente desde 2010, busca mejorar los estándares de ética pública y garantizar mayor seguridad jurídica. En Brasil, este marco normativo ya ha generado consecuencias visibles en la depuración del sistema político.
Evolución del proyecto en Argentina
Impulsado desde 2024 por legisladores del PRO y la UCR, el proyecto enfrentó dos fracasos consecutivos en Diputados por falta de quórum, revelando las tensiones entre los discursos públicos y los pactos de pasillo. Incluso miembros del oficialismo libertario se ausentaron en votaciones clave.
En enero de 2025, Milei reimpulsó la iniciativa al incluirla en las sesiones extraordinarias y presentó su propia versión del proyecto, que finalmente fue aprobado en Diputados el 29 de febrero con 144 votos afirmativos. El 7 de mayo, el Senado comenzó su tratamiento definitivo. Allí se decidirá si Argentina avanza hacia una política más ética o si prevalecerá la cultura de la impunidad.
Cristina Kirchner: ¿por encima de la ley?
A pesar de que la Constitución y los tratados internacionales ratifican la igualdad ante la ley, Cristina Fernández de Kirchner —expresidenta y exvicepresidenta— acumula causas judiciales por corrupción que, de aprobarse Ficha Limpia, la inhabilitarían electoralmente.
Entre ellas, la más relevante es la Causa Vialidad, en la que fue condenada en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La Justicia determinó que, durante sus mandatos, favoreció al empresario Lázaro Báez con contratos de obra pública en Santa Cruz, generando un esquema de corrupción estructural. Aunque la sentencia aún no está firme, ya fue confirmada en segunda instancia por la Cámara de Casación, lo que activa la posibilidad de aplicación de la Ficha Limpia.
Además, Cristina está procesada en causas como Hotesur-Los Sauces, Cuadernos de la Corrupción y el Memorándum con Irán, donde se la investiga por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.
La respuesta del kirchnerismo a las decisiones judiciales fue de confrontación. El propio Alberto Fernández, durante su presidencia, amenazó públicamente a los jueces del caso Vialidad en una entrevista televisiva, declarando: “Vamos a hacer que paguen el costo de lo que están haciendo”. Esta declaración fue interpretada como una presión directa al Poder Judicial y generó un fuerte repudio institucional. En sintonía, la entonces vicepresidenta denunció que era víctima de un “pelotón de fusilamiento judicial”.
¿Proscripción o justicia?
El kirchnerismo sostiene que la ley apunta directamente a proscribir a su líder. Señalan que se trata de una nueva estrategia de “lawfare”, un supuesto uso político del sistema judicial para eliminar adversarios. Este discurso de la proscripción no es nuevo en el peronismo: se remonta al golpe militar de 1955, cuando se prohibió al movimiento participar en elecciones y se persiguió a sus principales dirigentes. Desde entonces, la narrativa de la proscripción ha sido una herramienta recurrente para enfrentar límites institucionales.
Incluso en 2023, el diputado Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, intentó impulsar juicios políticos contra los jueces que condenaron a Cristina en la causa Vialidad, utilizando el argumento de una persecución judicial. Esto demuestra cómo se utiliza el relato de la proscripción como escudo ante el avance de la justicia.
Sin embargo, el debate gira en torno a una cuestión más profunda: ¿puede un país avanzar hacia la transparencia sin aplicar las mismas reglas a todos? Mientras en otros sectores se penalizan con rigor faltas menores —como una multa impaga—, figuras políticas con causas graves continúan en funciones sin rendir cuentas.
¿Es posible un peronismo sin prontuario?
La resistencia del peronismo a la Ley de Ficha Limpia se explica, en parte, por el alto número de dirigentes involucrados en causas judiciales. Casos como el del exsenador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay con USD 200.000, o el de Oscar Parrilli, implicado en el Memorándum con Irán, muestran una estructura que ha naturalizado la corrupción como práctica de poder.
La Ficha Limpia pondría fin a este sistema de privilegios y complicidades. De aprobarse, sería una herramienta concreta para evitar que condenados vuelvan a ocupar cargos públicos y consolidaría una nueva cultura institucional basada en la ética y la rendición de cuentas.
Conclusión: ética pública o relato de persecución
La Ley de Ficha Limpia enfrenta a dos visiones de país. Una, que busca avanzar hacia la transparencia y el fin de la impunidad. Otra, que se refugia en narrativas de proscripción para justificar el rechazo a someterse a la ley.
El Senado tiene ahora la palabra. La aprobación o el rechazo de esta ley será una señal clara sobre el rumbo ético de la política argentina. ¿Habrá una verdadera renovación o persistirá el círculo vicioso de corrupción, fueros e impunidad?
