El contraste entre pobres y ricos, entre choza y palacio, entre trabajadores y capitalistas, es la gran cuestión que desde hace siglos genera movimientos violentos en la sociedad, y siempre, cuando el contraste se agudiza, surgen los supuestos “campeones de la igualdad y la justicia” que cuestionan los resultados de una economía de libre mercado.
En ese contexto de impartir “justicia social”, el cual se utiliza como sinónimo de justicia distributiva y que da lugar a un sistema progresivo impositivo, el cual fue propuesto por Marx y Engels en 1848 como una forma de despojar el capital de los burgueses y transferirlo al Estado, es que el ex jefe de gobierno Martí Batres presentó una iniciativa para “topar” los precios de alquiler de viviendas a no ser mayores a la inflación.
Ahora bien, es cierto que la Ciudad de México, una de las metrópolis más grandes y vibrantes del mundo, enfrenta un desafío significativo en el sector de la vivienda: la creciente crisis de acceso a la vivienda asequible. Sin embargo, esta medida va a terminar siendo más perjudicial que beneficiosa, exacerbando la crisis de vivienda y generando una serie de efectos adversos en el mercado inmobiliario por las razones siguientes:
1. Distorsión del mercado
Uno de los principales problemas del control de precios de renta es la distorsión que provoca en el mercado. Al fijar un límite en los precios que los propietarios pueden cobrar, se desincentiva la inversión en la construcción y mantenimiento de viviendas. Los propietarios, al ver que no pueden recuperar sus costos a través de rentas adecuadas, tienden a descuidar el mantenimiento o mejoras de sus propiedades. Esto resulta en un deterioro generalizado de la calidad de la vivienda disponible, afectando a los inquilinos que, aunque paguen menos, viven en condiciones inadecuadas o que irán en decadencia.
2. Escasez de vivienda
El control de precios también contribuye a la escasez de vivienda en la Ciudad de México. Al limitar los ingresos potenciales de los propietarios, se reduce el interés en desarrollar nuevos proyectos inmobiliarios. Esto significa que, a largo plazo, habrá menos unidades disponibles para alquilar, lo que intensifica la competencia entre inquilinos por las pocas propiedades que están disponibles. Como resultado, muchos inquilinos se ven forzados a vivir en áreas menos deseables o incluso a aceptar condiciones de vivienda inferiores.
3. Mercado negro y prácticas desleales
El control de precios puede fomentar la aparición de mercados paralelos o “negros”, como se ha visto en países que lo intentaron implementar, como Argentina. Cuando los precios están artificialmente bajos, algunos propietarios pueden optar por evadir las regulaciones, exigiendo pagos adicionales “bajo la mesa” o creando condiciones poco claras en los contratos de arrendamiento. Esto no solo perjudica a los inquilinos, que pueden terminar pagando más de lo que deberían, sino que también fomenta la desconfianza y la falta de transparencia en el mercado de arrendamiento y hace crecer nuestro de por si inflado sector económicamente informal.
4. Impacto en los propietarios
Los propietarios de viviendas, especialmente aquellos que dependen de los ingresos por renta como fuente principal de sustento, son quienes más sufren las consecuencias de este tipo de políticas. Con precios congelados o limitados, muchos propietarios enfrentan dificultades financieras que les impiden cubrir los costos de mantenimiento, impuestos y otros gastos relacionados con sus propiedades. Un escenario que sirve para espantar las inversiones y que afecta directamente las arcas presupuestales del Estado, saboteándose a sí mismos de una manera no intencional.
Con base en las razones anteriores, afirmo que cuando los gobiernos discriminan coactivamente entre los propietarios y comienzan a manipular los precios de mercado con esperanza de beneficiar a grupos que pretenden ser especialmente merecedores, ello deriva en el derrumbe de los resultados de inversión y prosperidad conseguidos.
En lugar de recurrir al control de precios, es crucial considerar alternativas que aborden la crisis de vivienda de manera más efectiva. Entre estas opciones se encuentran:
• Incentivos fiscales para desarrolladores: Promover la construcción de viviendas asequibles mediante beneficios fiscales puede aumentar la oferta sin distorsionar el mercado.
• Regulación más flexible: Implementar regulaciones que faciliten la construcción y renovación de viviendas, permitiendo una mayor adaptabilidad a las necesidades del mercado.
Para concluir, reitero mi creencia de que cada intento de la justicia social por distribuir las remuneraciones del libre mercado implica no solo una perdida monetaria, sino también un trato desigual ante la ley según el éxito material que se haya conseguido con tal de satisfacer las necesidades de ajenos. Es así que cuanto mayor el éxito más que proporcional será el castigo por parte del Estado y el sistema progresivo impositivo mencionado.
Consecuentemente, esto originaria una clase de sociedad que en todos sus rasgos básicos seria opuesta a la sociedad libre, en la cual el Estado decidiría lo que el gobernado tendría que hacer y cómo hacerlo. En definitiva, no solo la justicia social es injusta, sino que además, conduce a un modelo totalitario.
