Carta a la verdad
Me dirijo a ustedes como un ciudadano libre, un guerrero libertario y un perseguido político. Mi historia es la de alguien que ha decidido enfrentarse al monstruo estatal, consciente de que esta lucha es desigual y que cada paso que doy me coloca más cerca de las fauces de la bestia.
Sin embargo, asumo esta batalla no solo por mí, sino por cada uno de los ciudadanos que se sienten identificados con las ideas de libertad, ya sea que las abrazaran antes de conocerme o que las hayan descubierto a través de mi causa.
Esta persecución en mi contra comenzó con una denuncia realizada por Gustavo Bolívar, quien, en un intento de silenciarme, expuso su voluntad de servirse del aparato estatal para frenar la avanzada de un discurso libertario que representa una amenaza para el régimen. Una noticia publicada en la revista Semana deja en evidencia la trama:
“La cuenta en Twitter que Gustavo Bolívar pretende silenciar y denunciar ante la Fiscalía. Se dijeron de todo. La controversia más reciente en la que se vio involucrado se dio justamente en la mañana de este jueves, cuando no solo le pidió a Twitter silenciar la cuenta de un usuario que es opositor al Gobierno, sino que también le pidió a la Fiscalía que investigue a esta persona. La cuenta que generó malestar en el exsenador es una que se identifica como @ArmandoCapito, quien es coordinador nacional de un movimiento libertario.”
De esa publicación se desprende lo evidente: la denuncia en mi contra había sido archivada cuatro veces, pero, tras el llamado de Bolívar, de manera “mágica”, la Fiscalía decidió reabrirla. Esto no puede interpretarse como un acto aislado, sino como una maniobra orquestada para intimidar, silenciar y, sobre todo, condenarme, utilizando cualquier pretexto legal.
Primero, el supuesto delito fue racismo; luego, discriminación por motivos raciales; más tarde, hostigamiento. Lo que está claro es que el delito original nunca existió. Lo único que existe es la voluntad de condenarme y encontrar cualquier motivo para quitarme mis derechos políticos. Este proceso no busca justicia, sino eliminar a un opositor del régimen.
Los fiscales que tomaron el caso viajaron de Bogotá a Medellín, no con la intención de investigar, sino, al parecer, de vacacionar y montar un show judicial. Un día cualquiera, irrumpieron en mi vida laboral para obligarme a presentarme al Palacio de Justicia de Medellín, donde me sometieron a un interrogatorio. Luego, me sacaron de allí en un vehículo escoltado por desconocidos que me llevaron al búnker de la Fiscalía, donde me trataron como un criminal: tomaron todos mis datos, como si yo fuera un peligro para la sociedad.
Previo a estos hechos, la Fiscalía había enviado personas a mi casa sin previo aviso, lo que generó alarma entre los vecinos. La administradora del edificio me llamó con urgencia para advertirme que no saliera, ya que había individuos que decían ser policías buscándome. La comunidad, intimidada, alertó sobre la presencia de estos supuestos agentes, quienes nunca mostraron claridad en su proceder.
En ese momento, aún contaba con un abogado, Raúl Arrieta, quien “casualmente” apareció para defenderme. Sin embargo, sus acciones terminaron totalmente cuestionadas por mí. Me hizo firmar documentos sin explicaciones claras, asegurándome que era “normal”. Yo sabía que no lo era, pero accedí, confiando en su consejo.
Una vez en el búnker de la Fiscalía, tras los interrogatorios y la humillación, una fiscal me ofreció diez mil pesos para un taxi, un gesto que acepté solo para registrar la ridiculez del evento y que quede como una cuota de verdad que esa misma fiscal podrá corroborar. Estos detalles revelan la arbitrariedad y la farsa del proceso judicial que han montado en mi contra.
Lo más grave de todo es que, días después, revisando mi Facebook, encontré al funcionario que me interrogó. Un petrista declarado, con fotos de Francia Márquez y publicaciones defendiendo narrativas como la de los “falsos positivos”, Dilan Cruz y los 6.402.
Este funcionario, Nelson Hernández, es el reflejo de la politización de la justicia, donde el sesgo ideológico define quién es culpable y quién no. Durante el interrogatorio, le pregunté directamente si creía que yo era un criminal. Su respuesta fue que mi caso “no era comparable” con las FARC o el ELN.
Otro dato que afirma la cuota de verdad, fue que a ese funcionario llamado Nelson Hernández, yo le pregunte: “usted cree que yo soy un criminal?, ¿qué piensa de los delincuentes de las FARC y el ELN y toda esa impunidad constante y que mientras esa gente ahora mismo esté delinquiendo, ustedes estén aquí conmigo, un hombre
inocente?”, a lo que él dijo que “las FARC y el ELN son algo distinto de lo que es usted”.
Eso lo puede afirmar él. No soy un criminal. Soy un ciudadano que lucha contra un sistema corrupto que utiliza los recursos del pueblo para perseguir a quienes denuncian sus abusos. Fui comunista radical en el pasado, pero hoy he transformado esa energía en una lucha contra lo que un día fui. Ahora, mi causa es la libertad y, esta persecución, solo ha fortalecido mi convicción.
El Estado ha fracasado en protegernos y en cumplir su función más básica. Este proceso en mi contra no es más que un falso positivo judicial, una herramienta para desmoralizar a la nueva clase política que surge de la resistencia civil. Pero no tengo miedo. Cada intento por silenciarme refuerza mi determinación de luchar por una Colombia libre.
Hoy, como perseguido político, declaro que esta batalla apenas comienza. A quienes me apoyan, les digo: no permitamos que el miedo nos paralice. Es nuestra responsabilidad construir una sociedad donde el Estado no sea el amo, sino el servidor del ciudadano libre.
¡A la carga!
