El actual enfoque de política social y macroeconómica impulsado por el Ministerio de Capital Humano, bajo la dirección de Sandra Pettovello, ha permitido que los índices de pobreza en Argentina experimenten una reducción significativa, acercándose a la meta del 35% en un contexto de estabilización de precios y modernización de los mecanismos de transferencia social. A partir de datos oficiales publicados recientemente, se observa una disminución en la tasa de pobreza desde el 54,8% registrado en el primer trimestre hasta el 38,9% en el tercer trimestre del presente año, lo que equivale a una caída de más de 14 puntos porcentuales. Esta reducción se explica, en términos técnicos, por el efecto combinado de una desaceleración abrupta de la inflación –que ha pasado de cifras mensuales del orden del 25% en diciembre de 2023 a alrededor del 2– y una reestructuración en la distribución de recursos que ha permitido optimizar los mecanismos de focalización y de transferencia directa a los sectores vulnerables. En efecto, se ha registrado una transformación en la operatividad de la política social, dado que, mientras inicialmente el 50% de los recursos destinados a la población vulnerable se canalizaba mediante intermediarios, actualmente esta cifra asciende a un 93,5% de transferencias directas, reduciendo significativamente la pérdida de valor a través de canales burocráticos y mejorando la eficiencia del gasto público en términos distributivos.
Simultáneamente, el presidente Javier Milei ha enfatizado en sus comunicaciones oficiales que la reducción de la pobreza se deriva esencialmente de la contención de la inflación mediante políticas de equilibrio fiscal y disciplina monetaria, entendidas como instrumentos imprescindibles para restablecer el poder adquisitivo de la población. En declaraciones públicas, Milei ha resaltado que la estabilización de la economía –fundamentalmente a través de la reducción de los déficits y la eliminación de políticas inflacionarias heredadas de administraciones previas– es la base para que los recursos destinados a la asistencia social generen un impacto real en la disminución de la pobreza. En este sentido, la implementación de medidas de austeridad y la reforma estructural en la administración del Estado han contribuido a la reducción de la inflación, lo cual ha permitido que el incremento en el poder adquisitivo de las familias se refleje en una baja sustancial en el porcentaje de personas que se encuentran por debajo de la línea de la canasta básica total.
Paralelamente, desde el Ministerio de Capital Humano se han venido publicando evidencias y denunciando prácticas irregulares y presuntas acciones de corrupción atribuidas al anterior gobierno kirchnerista. Entre las irregularidades expuestas se encuentran casos de “negocios encubiertos”, desviaciones de fondos públicos en la administración del Fondo de Afectación Específica para la Recuperación y el Desarrollo Argentino, así como fraudes en la asignación de subsidios y la proliferación de “comedores fantasmas”. Dichas denuncias, avaladas por auditorías internas y estudios realizados por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, buscan no solo restituir el daño patrimonial ocasionado, sino también sentar un precedente de tolerancia cero hacia la corrupción en el sector público . En este contexto, las medidas implementadas por la actual administración se enmarcan en una estrategia integral de ajuste y transparencia, donde la eficiencia en la administración del gasto público y la optimización en el diseño de las políticas sociales son prioritarias para reconstruir la confianza en las instituciones estatales.
La apuesta del Gobierno por desarrollar un “Índice de Capital Humano”, que permita medir la pobreza a partir de variables estructurales y no solo de ingresos, representa un avance metodológico de gran relevancia para la evaluación de la calidad de vida de la población. Este índice, que se desarrollará en coordinación con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, se propone incorporar indicadores adicionales que reflejen aspectos de bienestar, salud, educación y condiciones habitacionales, permitiendo así una medición más precisa y multidimensional del fenómeno de la pobreza, en contraste con el método tradicional utilizado por el INDEC, el cual se centra exclusivamente en los ingresos y la capacidad de adquirir la canasta básica .
La estrategia del actual gobierno, basada en la combinación de medidas de ajuste, optimización en las transferencias y un fuerte compromiso en la lucha contra la corrupción, se presenta como un intento de transformar radicalmente la estructura económica y social del país, con la visión de generar un entorno más favorable para la inversión y el crecimiento económico sostenible, que a mediano plazo permita no solo alcanzar, sino superar el umbral proyectado de un 35% de pobreza.
En definitiva, la sinergia entre las políticas orientadas a controlar la inflación y la modernización de los mecanismos de distribución de recursos sociales, junto con la denuncia sistemática de prácticas corruptas del pasado, configura una estrategia integral que busca revertir décadas de desequilibrios estructurales en la economía argentina. Esta transformación, enmarcada en un discurso de austeridad y eficiencia, tiene como objetivo fundamental no solo la reducción de los índices de pobreza, sino también la construcción de un Estado más transparente y orientado a la generación de oportunidades para toda la población, lo cual representa un cambio paradigmático en la política económica y social del pais.
